INTRODUCCIÓN
Actualmente, existen estrategias limitadas a disposición de las personas sobrevivientes a la hora de atravesar el daño, pues muchas de las estrategias actuales que pretenden mantener la seguridad de las personas sobrevivientes están arraigadas en el sistema judicial penal. Esto significa que: la policía responde en situaciones que a menudo no está capacitada para manejar y, a su vez, exacerba el trauma de las personas sobrevivientes; la carga de la prueba legal recae sobre las personas sobrevivientes en situaciones en las que a menudo hay solo dos testigos: perpetrador y sobreviviente; y nuestros métodos encaminados a poner coto a la violencia conducen a la prisión en lugar de a procesos de rendición de cuentas o sanación centrados en las personas sobrevivientes e impulsados por la comunidad. Asimismo, 1 de cada 4 mujeres (24 %) informó que había sido arrestada o amenazada con un arresto durante un incidente de abuso de pareja o al denunciar un incidente de agresión sexual a la policía. Adicionalmente, las denuncias de conducta sexual impropia constituyeron la segunda categoría más común de denuncias contra policías, después del uso de fuerza excesiva, lo que significa que los mismos sistemas encargados de dar seguridad a menudo perpetúan el daño y decepcionan a las personas sobrevivientes.
La capacidad de acceder a la ayuda es aún más difícil para las personas sobrevivientes de color, con ingresos bajos o nulos, queer, transgénero o que no se ajustan a las normas de género tradicionales, inmigrantes o miembros de otra comunidad marginada. Y no solo tenemos que velar por nuestra propia seguridad, sino que con frecuencia también atravesamos situaciones complicadas en la familia y la comunidad al tiempo que soportamos el trauma de los demás. La mayoría de las estrategias actuales no logran ayudar a las personas sobrevivientes en el complejo viaje del abuso ni en el camino de sanación siguiente.
Nuestras soluciones y estrategias encaminadas a reparar los daños deben centrarse en las personas sobrevivientes en cada punto: desde la revelación hasta las reparaciones, pasando por la recuperación. Las personas sobrevivientes de hechos de violencia sexual tienen derecho a sentir seguridad, protección y cuidado en sus hogares y comunidades. Las personas sobrevivientes son y siempre han sido resilientes a la violencia y el abuso que padecieron. Merecemos servicios conocedores del trauma con trabajadores capacitados en materia de las necesidades emocionales y físicas concretas de las personas sobrevivientes, así como comunidades valientes que asuman la función de seguridad, responsabilidad y justicia. Las personas sobrevivientes necesitan soluciones que las protejan de los daños inmediatos y soluciones para prevenir las causas subyacentes de la violencia.
PROPONEMOS
- Un nuevo concepto de cómo las comunidades encaran la seguridad, con inclusión de estrategias de prevención creativas y estrategias de intervención que se centren en primer lugar en las voces y las necesidades de las personas sobrevivientes.
- Poner fin a la criminalización de las personas sobrevivientes y las personas que se defienden de los agresores y las parejas abusivas.
- Desarrollo e inversión en la expansión de programas comunitarios con raíces culturales encaminados a que los miembros de la comunidad puedan solucionar el problema de la violencia sexual sin la participación de la policía ni la intervención estatal, incluidos servicios de salud mental, terapeutas con perspectiva de familia y trauma, estrategias de justicia reparadora, sistemas de bienestar y de acogida infantiles e inversiones en justicia transformativa y procesos de responsabilidad comunitaria disponibles para todas las personas sobrevivientes. (Ejemplos de colectivos comunitarios de justicia transformativa: Filadelfia se pone de pie, Campaña por un vecindario seguro y Colectivo de justicia transformativa del área de la bahía de San Francisco).
- Garantizar que las personas sobrevivientes inmigrantes y que huyen de la violencia de género de sus países de origen tengan acceso a seguridad y servicios y que puedan acceder a recursos migratorios críticos de manera oportuna (como la autopetición bajo la Ley de Violencia contra la Mujer, la visa U, la visa T, el asilo o la protección de refugiados) que les permitan avanzar hacia la sanación y el bienestar sin temor a ser detenidas ni deportadas. Aprobar políticas que eliminen los requisitos de recurrir al sistema judicial penal para obtener una visa U y eliminar las políticas que promueven la interacción del ICE con las fuerzas policiales locales, pues afecta negativamente la seguridad de las víctimas.
- Reducir las barreras para la indemnización de las víctimas en todo el país y aumentar los depósitos en el Fondo para Víctimas de Delitos para que la Ley de Víctimas de Delitos (VOCA) siga siendo un recurso para prestar servicios para la sanación y la salvación de vidas.
- Mayor rendición de cuentas para los delincuentes condenados (incluidos los funcionarios policiales), con el eje en la necesidad de las personas sobrevivientes.
- Proporcionar fondos para métodos de abordaje de la violencia contra las personas sobrevivientes que están fuera del sistema judicial penal, que tengan por eje a las personas sobrevivientes y hagan a los victimarios responsables por el daño causado. Cualquier participación en el sistema de justicia penal debe quedar a criterio de las personas sobrevivientes y no del fiscal ni de los funcionarios policiales. (Ejemplo de justicia reparadora: Proyecto de justicia reparadora en el condado de Contra Costa).
- Inversiones en equipos de crisis comunitarios capacitados en materia de estrategias y técnicas de aplacamiento de la situación y equipados para responder a la violencia sexual y la violencia de pareja, con inclusión de mensajeros creíbles, así como terapeutas de salud mental y asistentes sociales con perspectiva cultural y de trauma.
- Una inversión en la prevención de la violencia sexual atacando las causas subyacentes, como la pobreza, la falta de oportunidades de empleo, el acceso al transporte; prestando servicios integrales de reducción de daños por abuso de drogas y alcohol, y combatiendo las normas sociales que abogan por el abuso de poder, la cultura de la violación, la supremacía blanca y la violencia patriarcal. Las inversiones cuantiosas en prevención son las estrategias más eficaces, especialmente la educación de salud sexual en todos los grados (K-12) que enseña a las personas sobre la importancia de los límites, la autonomía corporal de los jóvenes, las aptitudes sociales y emocionales y la importancia de desarrollar la cultura del consentimiento. Desmantelar la educación basada únicamente en la abstinencia, que con frecuencia ignora la violencia de la pareja, y enseñar sobre relaciones saludables. Consulte recursos adicionales.
POLÍTICAS QUE NOS AYUDAN A AVANZAR
- Promulgar la Declaración de derechos de sobrevivientes de agresión sexual en los 24 estados restantes con el fin de brindar igualdad en la protección de los derechos conforme a la ley a todas las personas sobrevivientes de agresión sexual, independientemente de si participaron funcionarios policiales o no.
- Despenalización del intercambio comercial de servicios sexuales voluntarios y consensuados entre adultos a fin de proteger a los trabajadores y las trabajadoras sexuales contra el abuso y la explotación y reducir su vulnerabilidad a la violencia al verse forzados a trabajar en lugares secretos e inseguros. Esto no se refiere a ninguna acción que implique a niños y niñas ni el tráfico sexual ni trata de personas por cualquier motivo, que sin duda suponen una violación de los derechos humanos.
- Aumentar los fondos para el Programa de educación y prevención de las violaciones a $200 millones.
- Exigir que parte de los fondos de la VAWA que se transfieren a los estados para que financien la aplicación de la ley a través de las subvenciones STOP y de la capacitación nacional de los miembros de las fuerzas de seguridad se dedique a prevenir y mejorar la respuesta y la responsabilidad de los policías involucrados en conductas sexuales impropias y violencia sexual.
- Requerimiento nacional y financiamiento para educación sexual integral para estudiantes de kínder a 12.º grado (K-12) con aportes significativos de la comunidad encargada de la implementación.
- Otorgar recursos focalizados a través de los fondos de la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA) y la Ley de Víctimas de Delitos (VOCA) y nuevos recursos a través del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU. en pro del desarrollo de respuestas de justicia alternativa e iniciativas de justicia reparadora. También se debería incluir financiamiento para capacitación nacional y asistencia técnica en apoyo del desarrollo de estos programas.
- Otorgar fondos a los equipos de crisis comunitarios equipados para responder a la violencia sexual y de pareja en lugar de las fuerzas de seguridad, para que las personas sobrevivientes puedan acogerse a esta opción