INTRODUCCIÓN
El acoso, la agresión y el abuso sexuales siguen siendo experiencias frecuentes de los y las estudiantes en todos los niveles de educación, y aunque los y las estudiantes de todos los géneros, razas, capacidades, castas y orígenes pueden experimentar y de hecho experimentan hechos de violencia sexual, las mujeres y las niñas, los y las estudiantes negros, de pueblos originarios y otros y otras estudiantes de color, los y las estudiantes LGBTQIA+, los y las estudiantes con discapacidades, los y las estudiantes inmigrantes y otros estudiantes con identidades marginadas se ven particularmente perjudicados. Por ejemplo, si una niña negra que ha sufrido una agresión sexual presenta una denuncia, es más probable que no le crean y que la culpen y la castiguen por ello, en parte debido a los estereotipos racistas y sexistas que hacen que las figuras de autoridad perciban a las niñas negras como más adultas, más sexualizadas, menos inocentes y menos merecedoras de protección que sus pares blancas.
Cuando ocurre un hecho de acoso sexual y de violencia, las respuestas institucionales con frecuencia son perjudiciales para las personas sobrevivientes. Las escuelas actúan conforme con modelos policiales y de la justicia penal, que no se centran en las necesidades de las personas sobrevivientes. También se centran en proteger la institución, priorizan las necesidades de los agresores sobre las necesidades de las personas sobrevivientes y con demasiada frecuencia castigan a las personas sobrevivientes que denuncian, especialmente si no se ajustan a los estereotipos de víctimas “ideales”. Esta situación ha dado como resultado lo que se llama el “conducto del abuso sexual a la prisión” para las niñas. Cambiar la cultura sobre la violencia sexual en las escuelas también requiere cambiar el enfoque de disciplina de las escuelas. Hacerlo incluye erradicar las respuestas que se centren en el castigo y la exclusión que daña a las personas sobrevivientes, quienes con frecuencia son víctimas de medidas disciplinarias cuando presentan una denuncia o cuando tienen un mal comportamiento como resultado de un trauma no tratado.
Como lugares de enseñanza y aprendizaje, las escuelas tienen el poder de cambiar considerablemente nuestra cultura ayudando a los y las estudiantes a que reconozcan el daño de la violencia sexual y a que terminen con las narrativas que la perpetúan. Todas y todos los y las estudiantes deben poder aprender con seguridad y dignidad, y las escuelas tienen la oportunidad de crear comunidades donde los y las estudiantes puedan obtener una educación libre de violencia, un lugar donde puedan sentirse seguros y adquirir conocimientos, aptitudes y herramientas de calidad para prosperar. Los y las estudiantes que sufren violencia sexual y otras formas de acoso sexual merecen respuestas de las instituciones educativas que tengan por eje la solución y reparación de los daños que han experimentado.
PROPONEMOS
- Derogación inmediata de las perjudiciales reglamentaciones del Título IX del Departamento de Educación de DeVos, que han socavado las respuestas de las escuelas a la agresión sexual y otras formas de acoso sexual, y el restablecimiento de las sólidas protecciones del Título IX para todos los y las jóvenes en las escuelas, incluidos los y las jóvenes LGBTQIA+ y les jóvenes que no se ajustan a las normas de género tradicionales.
- Educación de salud sexual universal integral, adecuada a la edad y el desarrollo, médicamente precisa, con perspectiva cultural y lingüística, de afirmación LGBTQIA y con perspectiva de trauma en la que se trate el abuso sexual infantil, el consentimiento, la salud reproductiva, las relaciones saludables, el acoso sexual y la violencia en una relación y se den recursos y capacitación para que los padres y las madres y los educadores reconozcan los signos de abuso sexual y respondan a ellos y para que hablen con la gente joven de su entorno sobre el daño sexual.
- Enfoques de justicia reparadora en las escuelas que se centren en las personas sobrevivientes, que tengan perspectiva de trauma y que permitan un cambio respecto de los enfoques punitivos de la disciplina escolar.
- Retiro de la policía de las escuelas e inversión en consultoría, apoyo de salud mental, apoyo comunitario y aprendizaje social/emocional.
- Apoyo y recursos confidenciales para los y las estudiantes que experimentan violencia sexual e inversión escolar en alianzas con agencias externas de la comunidad para prestar dicho apoyo.
- Transformación de la cultura escolar para romper con los estereotipos y las dinámicas de poder que perpetúan la cultura de la violación (entre figuras de autoridad y estudiantes, pero también los relativos a diferencias de poder derivadas de la raza, el género, la clase, la orientación sexual, la identidad de género, la discapacidad, entre otras cuestiones) para que las escuelas se puedan enfocar en la prevención, la intervención de los espectadores y la creación de entornos donde los y las estudiantes de todas las identidades puedan desarrollarse. La transformación incluye la eliminación de los códigos de vestimenta y otras prácticas que controlan los cuerpos de los y las estudiantes (especialmente los cuerpos de las niñas, los y las estudiantes que no se ajustan a las normas de género tradicionales y los y las estudiantes de color) y reflejan estereotipos racistas y sexistas, el uso de encuestas sobre el clima escolar para dar a los y las estudiantes la posibilidad de expresar sus opiniones de manera confidencial y el compromiso de la escuela con la solución de los problemas que revelen estas encuestas.
POLÍTICAS QUE NOS AYUDAN A AVANZAR
- Promulgar el proyecto de ley H. R. 5388, que rescindiría las reglamentaciones dañinas sobre el acoso sexual del Título IX promulgadas por el Departamento de Educación de DeVos.
- Garantizar protecciones sólidas contra la discriminación contra los y las estudiantes LGBTQIA+, por ejemplo, a través de la orientación del Departamento de Educación y la aprobación de la Ley de Igualdad, que prohíbe la discriminación por motivos de sexo, orientación sexual e identidad de género en los programas financiados por el Estado federal, y de la Ley Tyler Clementi contra el Acoso en la Educación Superior, que exige que las instituciones de educación superior adopten políticas contra el acoso que tengan en cuenta la orientación sexual y la identidad de género y que reconozcan el acoso cibernético como una forma de acoso.
- Invertir en servicios con perspectiva de trauma que respalden la salud mental y retirar a la policía de las escuelas, por ejemplo, mediante la promulgación de la Ley de Consultoría y No Penalización en las Escuelas.
- Proporcionar fondos para garantizar que las escuelas K-12 tengan coordinadores del Título IX que respondan a las necesidades de las personas sobrevivientes estudiantes y que las escuelas K-12 capaciten al personal sobre las respuestas apropiadas ante el acoso sexual.
- Exigir encuestas sobre el ambiente en la educación K-12 y superior con resultados disponibles públicamente, aumentar los fondos para las investigaciones de acoso sexual y aumentar las sanciones para las escuelas que violen los derechos de las personas sobrevivientes, por ejemplo, mediante la aprobación de la Ley para DETENER la Violencia Sexual en el Campus.
- Respaldar a las personas sobrevivientes estudiantes garantizando que todas las universidades e instituciones de educación superior cuenten con Coordinadores de recursos para la agresión sexual a fin de ayudar a que los y las estudiantes que han experimentado violencia sexual tengan acceso a adaptaciones y logren usar los sistemas de denuncia, según se establece en la Ley de Responsabilidad y Seguridad en el Campus (CASA).
- Atender las necesidades de las niñas negras y otras niñas de color que han sufrido daño sexual, mediante la promulgación de la Ley para Finalizar la EXPULSIÓN, que daría nuevos fondos a las escuelas para que se centren en enfoques con perspectiva de trauma a fin de mantener a las estudiantes seguras en la escuela, en lugar de depender de suspensiones, expulsiones y castigos corporales.
- Velar porque todas las escuelas públicas pongan en práctica un programa de abuso sexual infantil orientado a la prevención para estudiantes, docentes/personal escolar y padres/madres/ tutores. Apoyar la educación de salud sexual integral e inclusiva de LGTBQIA y eliminar el financiamiento federal para cualquier programa que retenga información sobre el VIH, que no sea médicamente preciso o que resulte ineficaz, que promueva estereotipos de género o que sea incompatible con los imperativos éticos de la salud pública, mediante la promulgación de la Ley de Educación Real para Jóvenes Sanos.
- Aumentar los fondos para el Programa de subvenciones para reducir la violencia doméstica, la violencia en una relación, la agresión sexual y el acoso en el campus, administrado por la Oficina de Violencia contra la Mujer, para dar más subvenciones a las universidades y otras instituciones de educación superior a fin de reforzar las iniciativas de prevención y respuesta en los campus. Asimismo, dar recursos en pro del desarrollo y el análisis de iniciativas de justicia reparadora para las personas sobrevivientes de hechos de agresión sexual en campus universitarios que no deseen recurrir al sistema judicial penal ni al proceso de sentencias del campus.
- Reflejar estas reformas de la política federal a nivel estatal y local y de otras maneras aumentar las protecciones básicas para las personas sobrevivientes estudiantes exigidas por el Título IX y otras leyes federales.