La agenda de sobrevivientes

Preámbulo

La Agenda de Sobrevivientes (Survivors’ Agenda) es una guía impulsada por la comunidad en pro de la justicia para las personas sobrevivientes que todos y todas merecemos. Es una ofrenda de amor para quienes han vivido el abuso sexual y otras formas de violencia sexual. También es una guía para quienes buscan prevenir e interrumpir la violencia sexual, incluido el acoso sexual.

Las personas que han experimentado violencia sexual son intrínsecamente poderosas y resilientes. Sabemos lo que significa volver a ponerse de pie y afrontar un nuevo día. Las personas sobrevivientes somos más que nuestras historias de trauma. Somos familiares, amigos, amigas, trabajadores y líderes. En esta agenda se habla de todo lo que exigimos y de aquello que no callaremos nunca más.

En octubre de 2017, el mundo cambió cuando millones de personas levantaron la mano para decir “Yo también”. Las personas sobrevivientes, en muchos casos por primera vez, compartieron sus historias de violencia y contaron cómo superaron lo sufrido y se volvieron resilientes. Millones de personas se sintieron identificadas y esto generó un impulso cultural sin precedentes. Casi tres años después, todavía estamos experimentando las repercusiones de ese momento y desarrollando un movimiento incipiente. La Agenda de Sobrevivientes trata de construir poder y cambiar la conversación, especialmente en pro de las personas menos vistas y escuchadas de nuestra sociedad.

Somos un colectivo de organizaciones y sobrevivientes que creen que las personas sobrevivientes deben ser quienes den forma a la conversación nacional sobre la violencia sexual. Estamos promoviendo una visión de justicia para sobrevivientes que precede nuestro trabajo y que se mantendrá durante las décadas venideras. Estamos comenzando nuestro trabajo en esta formación en 2020, con el compromiso de establecer las bases para la construcción del movimiento futuro, cambios de políticas, variaciones en la narrativa y esfuerzos de responsabilidad a largo plazo. Honramos a quienes han llevado adelante esta labor antes que nosotros, especialmente a las mujeres negras, las mujeres de pueblos originarios y las mujeres de color que nos han mostrado el significado de la resiliencia.

Como comité directivo de 21 organizaciones y más de 60 socios comunitarios, nos esforzamos por ayudar a las personas sobrevivientes en primer lugar. También nos esforzamos por seguir dando cuenta de las diversas experiencias de quienes han sufrido acoso sexual, agresión y otras formas de violencia de género. Las personas sobrevivientes no somos un grupo monolítico ni todos o todas estamos de acuerdo en lo que debe cambiar y cómo lograr ese cambio, pero elegimos avanzar juntos. Damos más cuenta de quienes con frecuencia quedan excluidos de las conversaciones sobre violencia sexual o de quienes ni siquiera son considerados víctimas ni mucho menos sobrevivientes. Las personas negras, de pueblos originarios, de color, queer, transgénero, intersexuales y de género no binario; personas jóvenes, trabajadoras, inmigrantes con o sin protección jurídica; personas discapacitadas, privadas de su libertad, tanto en la actualidad como en el mage à ceux qui ont accompli ce travail avant nous, en particulier les femmes noires1 , les femmes pasado; y otros grupos históricamente marginados a nivel mundial: estamos convencidos/as del valor y el poder de estas voces y estamos comprometidos/as a mantener una conversación activa con todos. Y, como la mayoría de nosotros somos sobrevivientes, también estamos dedicados a apoyarnos mutuamente en la lucha diaria en pro de esta labor.

Esta agenda se nutre de muchas fuentes.

• En junio de 2020, lanzamos una encuesta para saber qué reclaman las personas sobrevivientes de todo el país. Formulamos diversas preguntas sobre soluciones y políticas. También preguntamos qué los hacía sentir poderosos y qué significaba sanar para ellos y ellas. Estas más de 1100 respuestas fueron diversas y variadas, pero comenzaron a mostrar una imagen de lo que necesitan las personas sobrevivientes para desarrollarse.
• También reunimos a un grupo de más de 40 personas de nuestro comité directivo y organizaciones comunitarias aliadas en encuentros semanales de julio a septiembre en los que directamente quienes construyen el movimiento encaminado a poner fin a la violencia sexual aportan décadas de experiencia y conocimientos. Estas personas trabajan como organizadores vecinales, activistas judiciales y legislativos, consejeros, investigadores y líderes de opinión. Cada semana mantuvimos conversaciones sobre nuestros valores y nuestro marco para el cambio y debatimos sobre la complejidad de la supervivencia.
• Organizamos asambleas nacionales, reuniones informales y talleres para dirigir nuestra atención a comunidades determinadas y temas pertinentes para nuestro público. Escuchamos a las femmes negras. Escuchamos a los organizadores latinxs. Escuchamos a sobrevivientes adultos de hechos de violencia sexual infantil y a muchas otras personas. Y no hemos dejado de escuchar.

Sobre todo, sabemos que esta agenda es un trabajo en progreso y una instantánea de lo que se necesita para lograr la transformación. Las políticas que figuran en esta agenda son las bases para esta transformación, pero no necesariamente capturan la totalidad del cambio que necesitamos. No todas las organizaciones que han participado en la creación de la Agenda han adoptado una posición sobre el espectro completo de las políticas que se establecen aquí, pero nos une la convicción de que una visión integral centrada en las personas sobrevivientes es necesaria para lograr los cambios que buscamos. El equipo recogió demandas y experiencias increíblemente variadas, y a veces contradictorias, y creó una plataforma viva y activa que es mucho mayor que la suma de nuestras partes individuales. Lo que no parecía posible hace unos meses pronto estará dentro de nuestro alcance. Aun así, trabajar en representación de las personas sobrevivientes para imaginar un mundo libre de violencia sexual significa que nuestra perspectiva cambia, crece y evoluciona. Esta es una plataforma que se cambiará y se reinventará constantemente.

A continuación, verán una lista de nuestros valores en el marco de nuestra formación actual como colectivo. En cada punto de este proceso nos hemos esforzado para que estos valores orienten nuestras conversaciones y nuestra labor. No siempre hicimos lo correcto y, seguramente, tenemos mucho que aprender.

Cómo usar esta agenda: Esta agenda está pensada para ser analizada y adaptada a sus necesidades. Esta agenda tiene por objeto impulsar y orientar el cambio de políticas. En ese sentido, esperamos que la usen como una herramienta para organizarse específicamente en su ciudad y estado. Deseamos que los encargados de tomar decisiones y los funcionarios vean esta agenda y sepan que fue creada por los y las miles de sobrevivientes que exigen un cambio y que nunca serán silenciados.

Sentimos una inmensa gratitud por quienes nos han ayudado a crear este documento vivo y activo. Nos pertenece a todos y todas.

— El equipo de la Agenda de Sobrevivientes.

MARCO DE VALORES

La Iniciativa de la Agenda de Sobrevivientes se basa en los siguientes valores:

1. Nuestra labor se centra en las personas sobrevivientes y está dirigida por las personas sobrevivientes, enfocada en estrategias y tácticas que apoyan a las personas afectadas por la violencia sexual a fin de que sobrevivan, sanen y actúen al servicio de crear un cambio sistémico que interrumpa, prevenga y erradique la violencia sexual.
2. Reconocemos que la violencia sexual es experimentada por personas de todas las identidades de género, incluidos las mujeres, varones y niños y niñas cis y trans y las personas no binarias y que no se ajustan a las normas de género tradicionales.
3. Concentramos las voces y experiencias de las personas más marginadas y menos visibles. Observamos las formas en que las muchas jerarquías de poder y privilegio dan forma a nuestra vulnerabilidad y experiencias en materia de violencia, con inclusión de las narrativas y los legados de la esclavitud y la colonización. Tenemos la convicción de que las personas que más sufren estos sistemas e historias deberían estar en el centro e impulsar soluciones que se centren en las personas sobrevivientes. Esto incluye a las personas negras, de pueblos originarios y otras personas de color. También incluye a las personas oprimidas por castas, queer, transgénero, intersexuales y de género no binario; personas jóvenes, trabajadoras, inmigrantes con o sin protecciones jurídicas; y las personas discapacitadas, privadas de la libertad, tanto en la actualidad como en el pasado, y otros grupos históricamente marginados a nivel mundial. Reconocemos que nuestras soluciones deben ser visionarias en cómo entendemos la transformación radical.
4. Tenemos la convicción de que el cambio debe ocurrir en muchos niveles. Se necesita una transformación institucional, interpersonal, cultural y de políticas. Procuramos metas y estrategias que representen el mejor y más alto uso de nuestro compromiso colectivo.
5. No creemos que la violencia sexual exista de forma aislada. Tenemos la convicción de que el trabajo que se haga en representación de las personas sobrevivientes es una labor que debe reflejar las conexiones inherentes en el continuo de todas las formas de violencia y opresión, que incluye, entre otros, la violencia doméstica, el acoso, la coacción y la brutalidad policial. Cuando usamos el término “violencia sexual”, lo vemos como parte de este espectro complejo. También reconocemos que ocurre de maneras que se relacionan con la raza, el color, el origen nacional, la discapacidad, el estado migratorio y otras identidades que hacen que algunas denuncias de hechos de violencia sexual tengan una probabilidad aún menor de ser tomadas en serio o creídas.

6. Buscamos crear un espacio que acoja y albergue las experiencias de las personas en cualquier punto de su trayectoria como sobrevivientes y también las de quienes no necesariamente se identifican como tales, pero que, debido a la naturaleza de sus experiencias personales, se asocian profundamente con los efectos de la supervivencia.
7. Practicamos la justicia lingüística garantizando el acceso plurilingüe en nuestros espacios comunitarios. Valoramos y destacamos a nuestras comunidades que no usan el inglés como idioma principal como narradores de historias, expertos en políticas y representantes de nuestra labor.
8. Practicamos la justicia para la discapacidad garantizando la accesibilidad para las personas con discapacidades en nuestros espacios virtuales y presenciales cuando, por ejemplo, incluimos el lenguaje de señas y los subtítulos en nuestros eventos y mejoramos la experiencia y las necesidades singulares de las personas sobrevivientes con discapacidades.

Seguridad en la comunidad y alternativas al sistema judicial penal

INTRODUCCIÓN

Actualmente, existen estrategias limitadas a disposición de las personas sobrevivientes a la hora de atravesar el daño, pues muchas de las estrategias actuales que pretenden mantener la seguridad de las personas sobrevivientes están arraigadas en el sistema judicial penal. Esto significa que: la policía responde en situaciones que a menudo no está capacitada para manejar y, a su vez, exacerba el trauma de las personas sobrevivientes; la carga de la prueba legal recae sobre las personas sobrevivientes en situaciones en las que a menudo hay solo dos testigos: perpetrador y sobreviviente; y nuestros métodos encaminados a poner coto a la violencia conducen a la prisión en lugar de a procesos de rendición de cuentas o sanación centrados en las personas sobrevivientes e impulsados por la comunidad. Asimismo, 1 de cada 4 mujeres (24 %) informó que había sido arrestada o amenazada con un arresto durante un incidente de abuso de pareja o al denunciar un incidente de agresión sexual a la policía. Adicionalmente, las denuncias de conducta sexual impropia constituyeron la segunda categoría más común de denuncias contra policías, después del uso de fuerza excesiva, lo que significa que los mismos sistemas encargados de dar seguridad a menudo perpetúan el daño y decepcionan a las personas sobrevivientes.

La capacidad de acceder a la ayuda es aún más difícil para las personas sobrevivientes de color, con ingresos bajos o nulos, queer, transgénero o que no se ajustan a las normas de género tradicionales, inmigrantes o miembros de otra comunidad marginada. Y no solo tenemos que velar por nuestra propia seguridad, sino que con frecuencia también atravesamos situaciones complicadas en la familia y la comunidad al tiempo que soportamos el trauma de los demás. La mayoría de las estrategias actuales no logran ayudar a las personas sobrevivientes en el complejo viaje del abuso ni en el camino de sanación siguiente.

Nuestras soluciones y estrategias encaminadas a reparar los daños deben centrarse en las personas sobrevivientes en cada punto: desde la revelación hasta las reparaciones, pasando por la recuperación. Las personas sobrevivientes de hechos de violencia sexual tienen derecho a sentir seguridad, protección y cuidado en sus hogares y comunidades. Las personas sobrevivientes son y siempre han sido resilientes a la violencia y el abuso que padecieron. Merecemos servicios conocedores del trauma con trabajadores capacitados en materia de las necesidades emocionales y físicas concretas de las personas sobrevivientes, así como comunidades valientes que asuman la función de seguridad, responsabilidad y justicia. Las personas sobrevivientes necesitan soluciones que las protejan de los daños inmediatos y soluciones para prevenir las causas subyacentes de la violencia.

PROPONEMOS

1. Un nuevo concepto de cómo las comunidades encaran la seguridad, con inclusión de estrategias de prevención creativas y estrategias de intervención que se centren en primer lugar en las voces y las necesidades de las personas sobrevivientes.
2. Poner fin a la criminalización de las personas sobrevivientes y las personas que se defienden de los agresores y las parejas abusivas.

3. Desarrollo e inversión en la expansión de programas comunitarios con raíces culturales encaminados a que los miembros de la comunidad puedan solucionar el problema de la violencia sexual sin la participación de la policía ni la intervención estatal, incluidos servicios de salud mental, terapeutas con perspectiva de familia y trauma, estrategias de justicia reparadora, sistemas de bienestar y de acogida infantiles e inversiones en justicia transformativa y procesos de responsabilidad comunitaria disponibles para todas las personas sobrevivientes. (Ejemplos de colectivos comunitarios de justicia transformativa: Filadelfia se pone de pie, Campaña por un vecindario seguro y Colectivo de justicia transformativa del área de la bahía de San Francisco).
4. Garantizar que las personas sobrevivientes inmigrantes y que huyen de la violencia de género de sus países de origen tengan acceso a seguridad y servicios y que puedan acceder a recursos migratorios críticos de manera oportuna (como la autopetición bajo la Ley de Violencia contra la Mujer, la visa U, la visa T, el asilo o la protección de refugiados) que les permitan avanzar hacia la sanación y el bienestar sin temor a ser detenidas ni deportadas. Aprobar políticas que eliminen los requisitos de recurrir al sistema judicial penal para obtener una visa U y eliminar las políticas que promueven la interacción del ICE con las fuerzas policiales locales, pues afecta negativamente la seguridad de las víctimas.
5. Reducir las barreras para la indemnización de las víctimas en todo el país y aumentar los depósitos en el Fondo para Víctimas de Delitos para que la Ley de Víctimas de Delitos (VOCA) siga siendo un recurso para prestar servicios para la sanación y la salvación de vidas.
6. Mayor rendición de cuentas para los delincuentes condenados (incluidos los funcionarios policiales), con el eje en la necesidad de las personas sobrevivientes.
7. Proporcionar fondos para métodos de abordaje de la violencia contra las personas sobrevivientes que están fuera del sistema judicial penal, que tengan por eje a las personas sobrevivientes y hagan a los victimarios responsables por el daño causado. Cualquier participación en el sistema de justicia penal debe quedar a criterio de las personas sobrevivientes y no del fiscal ni de los funcionarios policiales. (Ejemplo de justicia reparadora: Proyecto de justicia reparadora en el condado de Contra Costa).
8. Inversiones en equipos de crisis comunitarios capacitados en materia de estrategias y técnicas de aplacamiento de la situación y equipados para responder a la violencia sexual y la violencia de pareja, con inclusión de mensajeros creíbles, así como terapeutas de salud mental y asistentes sociales con perspectiva cultural y de trauma.
9. Una inversión en la prevención de la violencia sexual atacando las causas subyacentes, como la pobreza, la falta de oportunidades de empleo, el acceso al transporte; prestando servicios integrales de reducción de daños por abuso de drogas y alcohol, y combatiendo las normas sociales que abogan por el abuso de poder, la cultura de la violación, la supremacía blanca y la violencia patriarcal. Las inversiones cuantiosas en prevención son las estrategias más eficaces, especialmente la educación de salud sexual en todos los grados (K-12) que enseña a las personas sobre la importancia de los límites, la autonomía corporal de los jóvenes, las aptitudes sociales y emocionales y la importancia de desarrollar la cultura del consentimiento. Desmantelar la educación basada únicamente en la abstinencia, que con frecuencia ignora la violencia de la pareja, y enseñar sobre relaciones saludables. Consulte recursos adicionales.

POLÍTICAS QUE NOS AYUDAN A AVANZAR

• Promulgar la Declaración de derechos de sobrevivientes de agresión sexual en los 24 estados restantes con el fin de brindar igualdad en la protección de los derechos conforme a la ley a todas las personas sobrevivientes de agresión sexual, independientemente de si participaron funcionarios policiales o no.
• Despenalización del intercambio comercial de servicios sexuales voluntarios y consensuados entre adultos a fin de proteger a los trabajadores y las trabajadoras sexuales contra el abuso y la explotación y reducir su vulnerabilidad a la violencia al verse forzados a trabajar en lugares secretos e inseguros. Esto no se refiere a ninguna acción que implique a niños y niñas ni el tráfico sexual ni trata de personas por cualquier motivo, que sin duda suponen una violación de los derechos humanos.
• Aumentar los fondos para el Programa de educación y prevención de las violaciones a $200 millones.
• Exigir que parte de los fondos de la VAWA que se transfieren a los estados para que financien la aplicación de la ley a través de las subvenciones STOP y de la capacitación nacional de los miembros de las fuerzas de seguridad se dedique a prevenir y mejorar la respuesta y la responsabilidad de los policías involucrados en conductas sexuales impropias y violencia sexual.
• Requerimiento nacional y financiamiento para educación sexual integral para estudiantes de kínder a 12.º grado (K-12) con aportes significativos de la comunidad encargada de la implementación.
• Otorgar recursos focalizados a través de los fondos de la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA) y la Ley de Víctimas de Delitos (VOCA) y nuevos recursos a través del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU. en pro del desarrollo de respuestas de justicia alternativa e iniciativas de justicia reparadora. También se debería incluir financiamiento para capacitación nacional y asistencia técnica en apoyo del desarrollo de estos programas.
• Otorgar fondos a los equipos de crisis comunitarios equipados para responder a la violencia sexual y de pareja en lugar de las fuerzas de seguridad, para que las personas sobrevivientes puedan acogerse a esta opción

Cambio de cultura y narrativa

INTRODUCCIÓN

Los sistemas e instituciones que moldean nuestra cultura hoy (como los medios de comunicación, los sistemas legales, las corporaciones y el Estado) con demasiada frecuencia refuerzan narrativas falsas, como una comprensión limitada de quién se considera víctima/sobreviviente que merece nuestra ayuda y compasión (la “víctima perfecta”), y se dedican a “culpar a la víctima”, suponiendo que la persona sobreviviente, en lugar de el autor del hecho, tiene la culpa, como resultado de la discriminación y los estereotipos sobre la identidad y el comportamiento de la persona sobreviviente.

Estos estereotipos y prácticas discriminatorias basados en la raza, género, casta, clase, orientación sexual y otras identidades, sistemas de creencias y conductas de las personas sobrevivientes promueven una cultura de violencia sexual. El uso de lenguaje misógino, homofóbico y transfóbico; la cosificación de ciertos cuerpos; la misoginia contra las mujeres negras, donde se combinan prejuicios de raza y género; y la glamorización de la violencia sexual crean una sociedad que ignora los derechos y el respeto que merecen las personas sobrevivientes y perpetúa las normas culturales negativas que justifican o excusan la violencia sexual.

Estos sistemas no ayudan a las personas sobrevivientes de hechos de violencia sexual de una manera que promueva la sanación y la rendición de cuentas ni tampoco reconocen ni afirman sus identidades y su verdadero poder y resiliencia. En particular, esto afecta de manera desproporcionada a las personas negras, de pueblos originarios y otras personas de color que enfrentan discriminación inherente y barreras adicionales para acceder a la seguridad, los servicios y la justicia.

Estos mismos sistemas e instituciones, y la sociedad en general, pueden ser parte de la solución. Pueden ayudar a cambiar el rumbo de la violencia sexual y crear nuevas narrativas que apoyen a las personas sobrevivientes y erradiquen la cultura de la violencia. Proponemos una transformación de la cultura que tenga por eje las experiencias de todas las personas sobrevivientes: una cultura que no tolere ni invente excusas respecto del abuso, la violencia y el acoso por parte de quienes están en el poder; una cultura que fomente la participación activa en la prevención y la interrupción de la violencia cuando se toma conocimiento de situaciones dañinas (en lugar de ser espectadores); y una cultura que apoye a las personas sobrevivientes de hechos de violencia sexual, y que más allá de simplemente “creerles” a las personas sobrevivientes, promueva y desarrolle activamente una cultura de prevención, rendición de cuentas y sanación.

PROPONEMOS

1. Promoción del liderazgo de las personas sobrevivientes en espacios interpersonales, institucionales, políticos y culturales, con el eje en las personas sobrevivientes y brindándoles apoyo para que aprovechen su fuerza y su voz para lograr el cambio.
2. La creación de un lenguaje y lineamientos sobre cómo los medios de comunicación y otras instituciones deben hablar sobre las personas sobrevivientes de manera que se enfoquen en la fuerza y no en la victimización al tiempo que se responsabiliza a los autores del hecho.
3. La elevación de las historias de sobrevivientes que incluyan a sobrevivientes de diversos orígenes, que sean variadas en sus experiencias y trayectorias como sobrevivientes y en las que se muestre a las personas sobrevivientes como personas completas con identidades más allá de su experiencia con el acoso o la violencia sexual.
4. Recursos para organizaciones de la comunidad dirigidas por y para sobrevivientes de comunidades marginadas a fin de desarrollar iniciativas holísticas de prevención y respuesta que se centren en la sanación y el bienestar de las personas sobrevivientes y apoyar enfoques alternativos en materia de rendición de cuentas.
5. Un cambio en las normas sociales que actualmente refuerzan la violencia patriarcal y una cultura blanca dominada por los varones, que incluyen la tolerancia continua del lenguaje y el comportamiento violentos y de odio hacia las personas sobrevivientes que se animan a contar sus historias.
6. Escuchar los consejos de las personas sobrevivientes que con frecuencia son excluidas de las conversaciones sobre el acoso y la violencia sexual, como las personas sobrevivientes inmigrantes, con discapacidades, las que estuvieron privadas de su libertad y las que se dedican al trabajo sexual consensuado.

POLÍTICAS QUE NOS AYUDAN A AVANZAR

• Educación sobre el consentimiento a partir de la escuela preescolar y primaria para promover relaciones saludables que se basen en la comunicación y la noción de que debemos respetar los límites de les demás y forjar relaciones saludables.
• Educación sobre el consentimiento como parte de un programa de Educación Sexual Integral en la escuela secundaria encaminado a promover la comprensión de las relaciones románticas y sexuales en el contexto de la comunicación y los límites saludables a fin de promover la seguridad y la dignidad.
• Aumentar significativamente las inversiones en estrategias de prevención para reducir la agresión sexual y promover cambios en las normas sociales, por ejemplo, mediante programas que apoyen enfoques de espectadores activos y que hagan participar a hombres y niños como aliados para cambiar las normas sociales.
• Dar acceso nuevo y ampliado a subvenciones con más financiamiento para apoyar programas comunitarios locales a fin de mejorar su capacidad de desarrollar iniciativas eficaces de prevención y de participación comunitaria encaminadas a prevenir la agresión sexual, en particular aquellas que se centren en atender a las comunidades de color o comunidades tradicionalmente marginadas de una manera más integral.
• Inversión en programas que brinden sanación a las niñas negras y a las personas jóvenes negras con género ampliado y que valoren su seguridad y autonomía corporales conforme con la Agenda nacional para las niñas negras.
• Proporcionar más fondos para subvenciones para planificación y para investigación y evaluación encaminados a desarrollar una variedad más amplia de prácticas innovadoras empíricas que tengan por objeto subsanar los efectos desproporcionados de la violencia de género y las barreras de las desigualdades sistémicas y el racismo sistémico en las personas sobrevivientes de comunidades marginadas.
• Reforzar las iniciativas encaminadas a promover el cambio cultural en el lugar de trabajo y a garantizar que los lugares de trabajo estén libres de acoso sexual y violencia sexual, con el eje en sectores tales como la industria hotelera y los restaurantes, el personal de casas particulares, los trabajadores y trabajadoras agrícolas inmigrantes, el personal de limpieza y otros que sufren efectos desproporcionados en cuanto al acoso sexual y la violencia sexual en el lugar de trabajo.

Educación

INTRODUCCIÓN

El acoso, la agresión y el abuso sexuales siguen siendo experiencias frecuentes de los y las estudiantes en todos los niveles de educación, y aunque los y las estudiantes de todos los géneros, razas, capacidades, castas y orígenes pueden experimentar y de hecho experimentan hechos de violencia sexual, las mujeres y las niñas, los y las estudiantes negros, de pueblos originarios y otros y otras estudiantes de color, los y las estudiantes LGBTQIA+, los y las estudiantes con discapacidades, los y las estudiantes inmigrantes y otros estudiantes con identidades marginadas se ven particularmente perjudicados. Por ejemplo, si una niña negra que ha sufrido una agresión sexual presenta una denuncia, es más probable que no le crean y que la culpen y la castiguen por ello, en parte debido a los estereotipos racistas y sexistas que hacen que las figuras de autoridad perciban a las niñas negras como más adultas, más sexualizadas, menos inocentes y menos merecedoras de protección que sus pares blancas.

Cuando ocurre un hecho de acoso sexual y de violencia, las respuestas institucionales con frecuencia son perjudiciales para las personas sobrevivientes. Las escuelas actúan conforme con modelos policiales y de la justicia penal, que no se centran en las necesidades de las personas sobrevivientes. También se centran en proteger la institución, priorizan las necesidades de los agresores sobre las necesidades de las personas sobrevivientes y con demasiada frecuencia castigan a las personas sobrevivientes que denuncian, especialmente si no se ajustan a los estereotipos de víctimas “ideales”. Esta situación ha dado como resultado lo que se llama el “conducto del abuso sexual a la prisión” para las niñas. Cambiar la cultura sobre la violencia sexual en las escuelas también requiere cambiar el enfoque de disciplina de las escuelas. Hacerlo incluye erradicar las respuestas que se centren en el castigo y la exclusión que daña a las personas sobrevivientes, quienes con frecuencia son víctimas de medidas disciplinarias cuando presentan una denuncia o cuando tienen un mal comportamiento como resultado de un trauma no tratado.

Como lugares de enseñanza y aprendizaje, las escuelas tienen el poder de cambiar considerablemente nuestra cultura ayudando a los y las estudiantes a que reconozcan el daño de la violencia sexual y a que terminen con las narrativas que la perpetúan. Todas y todos los y las estudiantes deben poder aprender con seguridad y dignidad, y las escuelas tienen la oportunidad de crear comunidades donde los y las estudiantes puedan obtener una educación libre de violencia, un lugar donde puedan sentirse seguros y adquirir conocimientos, aptitudes y herramientas de calidad para prosperar. Los y las estudiantes que sufren violencia sexual y otras formas de acoso sexual merecen respuestas de las instituciones educativas que tengan por eje la solución y reparación de los daños que han experimentado.

PROPONEMOS

1. Derogación inmediata de las perjudiciales reglamentaciones del Título IX del Departamento de Educación de DeVos, que han socavado las respuestas de las escuelas a la agresión sexual y otras formas de acoso sexual, y el restablecimiento de las sólidas protecciones del Título IX para todos los y las jóvenes en las escuelas, incluidos los y las jóvenes LGBTQIA+ y les jóvenes que no se ajustan a las normas de género tradicionales.
2. Educación de salud sexual universal integral, adecuada a la edad y el desarrollo, médicamente precisa, con perspectiva cultural y lingüística, de afirmación LGBTQIA y con perspectiva de trauma en la que se trate el abuso sexual infantil, el consentimiento, la salud reproductiva, las relaciones saludables, el acoso sexual y la violencia en una relación y se den recursos y capacitación para que los padres y las madres y los educadores reconozcan los signos de abuso sexual y respondan a ellos y para que hablen con la gente joven de su entorno sobre el daño sexual.
3. Enfoques de justicia reparadora en las escuelas que se centren en las personas sobrevivientes, que tengan perspectiva de trauma y que permitan un cambio respecto de los enfoques punitivos de la disciplina escolar.
4. Retiro de la policía de las escuelas e inversión en consultoría, apoyo de salud mental, apoyo comunitario y aprendizaje social/emocional.
5. Apoyo y recursos confidenciales para los y las estudiantes que experimentan violencia sexual e inversión escolar en alianzas con agencias externas de la comunidad para prestar dicho apoyo.
6. Transformación de la cultura escolar para romper con los estereotipos y las dinámicas de poder que perpetúan la cultura de la violación (entre figuras de autoridad y estudiantes, pero también los relativos a diferencias de poder derivadas de la raza, el género, la clase, la orientación sexual, la identidad de género, la discapacidad, entre otras cuestiones) para que las escuelas se puedan enfocar en la prevención, la intervención de los espectadores y la creación de entornos donde los y las estudiantes de todas las identidades puedan desarrollarse. La transformación incluye la eliminación de los códigos de vestimenta y otras prácticas que controlan los cuerpos de los y las estudiantes (especialmente los cuerpos de las niñas, los y las estudiantes que no se ajustan a las normas de género tradicionales y los y las estudiantes de color) y reflejan estereotipos racistas y sexistas, el uso de encuestas sobre el clima escolar para dar a los y las estudiantes la posibilidad de expresar sus opiniones de manera confidencial y el compromiso de la escuela con la solución de los problemas que revelen estas encuestas.

POLÍTICAS QUE NOS AYUDAN A AVANZAR

• Promulgar el proyecto de ley H. R. 5388, que rescindiría las reglamentaciones dañinas sobre el acoso sexual del Título IX promulgadas por el Departamento de Educación de DeVos.
• Garantizar protecciones sólidas contra la discriminación contra los y las estudiantes LGBTQIA+, por ejemplo, a través de la orientación del Departamento de Educación y la aprobación de la Ley de Igualdad, que prohíbe la discriminación por motivos de sexo, orientación sexual e identidad de género en los programas financiados por el Estado federal, y de la Ley Tyler Clementi contra el Acoso en la Educación Superior, que exige que las instituciones de educación superior adopten políticas contra el acoso que tengan en cuenta la orientación sexual y la identidad de género y que reconozcan el acoso cibernético como una forma de acoso.
• Invertir en servicios con perspectiva de trauma que respalden la salud mental y retirar a la policía de las escuelas, por ejemplo, mediante la promulgación de la Ley de Consultoría y No Penalización en las Escuelas.
• Proporcionar fondos para garantizar que las escuelas K-12 tengan coordinadores del Título IX que respondan a las necesidades de las personas sobrevivientes estudiantes y que las escuelas K-12 capaciten al personal sobre las respuestas apropiadas ante el acoso sexual.
• Exigir encuestas sobre el ambiente en la educación K-12 y superior con resultados disponibles públicamente, aumentar los fondos para las investigaciones de acoso sexual y aumentar las sanciones para las escuelas que violen los derechos de las personas sobrevivientes, por ejemplo, mediante la aprobación de la Ley para DETENER la Violencia Sexual en el Campus.
• Respaldar a las personas sobrevivientes estudiantes garantizando que todas las universidades e instituciones de educación superior cuenten con Coordinadores de recursos para la agresión sexual a fin de ayudar a que los y las estudiantes que han experimentado violencia sexual tengan acceso a adaptaciones y logren usar los sistemas de denuncia, según se establece en la Ley de Responsabilidad y Seguridad en el Campus (CASA).
• Atender las necesidades de las niñas negras y otras niñas de color que han sufrido daño sexual, mediante la promulgación de la Ley para Finalizar la EXPULSIÓN, que daría nuevos fondos a las escuelas para que se centren en enfoques con perspectiva de trauma a fin de mantener a las estudiantes seguras en la escuela, en lugar de depender de suspensiones, expulsiones y castigos corporales.
• Velar porque todas las escuelas públicas pongan en práctica un programa de abuso sexual infantil orientado a la prevención para estudiantes, docentes/personal escolar y padres/madres/ tutores. Apoyar la educación de salud sexual integral e inclusiva de LGTBQIA y eliminar el financiamiento federal para cualquier programa que retenga información sobre el VIH, que no sea médicamente preciso o que resulte ineficaz, que promueva estereotipos de género o que sea incompatible con los imperativos éticos de la salud pública, mediante la promulgación de la Ley de Educación Real para Jóvenes Sanos.
• Aumentar los fondos para el Programa de subvenciones para reducir la violencia doméstica, la violencia en una relación, la agresión sexual y el acoso en el campus, administrado por la Oficina de Violencia contra la Mujer, para dar más subvenciones a las universidades y otras instituciones de educación superior a fin de reforzar las iniciativas de prevención y respuesta en los campus. Asimismo, dar recursos en pro del desarrollo y el análisis de iniciativas de justicia reparadora para las personas sobrevivientes de hechos de agresión sexual en campus universitarios que no deseen recurrir al sistema judicial penal ni al proceso de sentencias del campus.
• Reflejar estas reformas de la política federal a nivel estatal y local y de otras maneras aumentar las protecciones básicas para las personas sobrevivientes estudiantes exigidas por el Título IX y otras leyes federales.

Justicia sanadora

INTRODUCCIÓN

Nuestra sociedad nos dice que, cuando caemos, deberíamos volver a levantarnos. Cuando estamos enfermos, deberíamos “aguantar” e ir a trabajar de todos modos. Y, cuando nos lastiman, se supone que debemos superarlo. Esta mentalidad es la base de una cultura que no crea un espacio para la sanación. Para las personas sobrevivientes de hechos de violencia sexual, existen aún más barreras. Por ejemplo, el estigma social sobre la violencia sexual, el estigma por pedir apoyo, la falta de financiamiento para terapia, la falta de apoyo de los empleadores y de licencia remunerada para la sanación y el acceso desigual a la terapia y los servicios de proveedores que comprenden el trauma y la dinámica de poder relativas al abuso y la opresión. Adicionalmente, la narrativa dominante en torno a quién se considera sobreviviente o no, así como lo que se considera sanador, es eurocéntrica y omite la atención con perspectiva cultural.

Las personas que se han visto perjudicadas por la violencia sexual deben ser tratadas con cuidado y compasión, y tener acceso al apoyo y los servicios que necesitan y desean. Las personas sobrevivientes deberían poder decidir su propia trayectoria de sanación sin ninguna barrera impuesta por cuestiones de dinero o identidad. Las personas sobrevivientes deben tener el espacio que necesitan, con la comprensión de sus empleadores y seres queridos de que la sanación no es un proceso lineal, no siempre es conveniente y, a menudo, no hay nada que “superar”, sino que se deben encontrar formas de sobrellevar el trauma mientras se avanza. Las personas sobrevivientes deben ser tratadas con dignidad y con el reconocimiento de su humanidad en cada paso.

PROPONEMOS

1. Financiar programas basados en la comunidad y con perspectiva de trauma y cultural que atiendan a las personas sobrevivientes cuyas necesidades con frecuencia son ignoradas por los servicios convencionales de atención médica y de agresión sexual: las personas negras, de pueblos originarios, oprimidas por castas y las personas sobrevivientes de color, las personas sobrevivientes LGBTQIA+ y las personas sobrevivientes con discapacidades.
2. Que todas las pólizas de seguro médico cubran completamente los servicios de salud mental sin copago, con inclusión de diferentes terapias con perspectiva de trauma, servicios comunitarios de sanación, tratamientos por abuso de sustancias, servicios de reducción de daños y servicios y profesionales con perspectiva cultural y de afirmación de la identidad.
3. Velar porque las personas sobrevivientes jóvenes de hechos de violencia sexual tengan acceso a servicios de sanación sin requerir el consentimiento paterno/materno y analizar los efectos y la eficacia de los requisitos obligatorios de denuncia.
4. Aumentar el acceso a los programas de salud mental virtuales y telefónicos a fin de ampliar el grupo de proveedores de servicios mentales disponibles para las personas sobrevivientes que viven en zonas rurales o que están geográficamente separadas de sus centros culturales/de pueblos originarios y desplegar esfuerzos para garantizar un acceso verdadero a las personas sobrevivientes que tienen un dominio limitado del inglés y a quienes están afectadas por la brecha digital y con un acceso limitado a la tecnología.
5. Incentivos y requisitos para la capacitación contra el prejuicio y el trauma para todos los proveedores de atención médica y mental.
6. Velar porque las instituciones sean responsables si no mantienen la seguridad de niños, niñas y adolescentes y si encubren el abuso sexual infantil, por ejemplo, en la religión organizada y los deportes.

POLÍTICAS QUE NOS AYUDAN A AVANZAR

• Ampliar y permitir que los fondos federales se distribuyan como transferencias directas de dinero en efectivo a servicios de salud mental, médicos e integrales y otros servicios de sanación.
• Financiar el Programa federal de servicios para la agresión sexual con $200 millones, un aumento transformativo de la asignación actual de $38 millones, para que un mayor número de sobrevivientes pueda acceder a centros de crisis por violación financiados con fondos federales y ampliar los servicios que ofrecen esos programas.
• Proporcionar fondos específicos para organizaciones de la comunidad culturalmente determinadas que se centren principalmente en mejorar el acceso a los servicios y el bienestar de las personas sobrevivientes de comunidades de color, comunidades de inmigrantes y otras comunidades marginadas.
• Ampliar la cobertura de la Ley de Licencia Familiar y Médica para incluir días seguros remunerados para todas las personas sobrevivientes de hechos de violencia sexual, independientemente de la antigüedad de la relación laboral y la dimensión del empleador.
• Exigir políticas y procedimientos de protección de orden federal que se centren en niños, niñas y jóvenes para todas las organizaciones que atiendan a jóvenes, con inclusión de capacitación continua para el personal, mecanismos de denuncia anónimos y comités de seguridad en que participen miembros de la comunidad y jóvenes.
• Cambiar las leyes con que actualmente se protege a las organizaciones religiosas, porque limitan los recursos legales de las personas sobrevivientes en casos de abuso sexual infantil y otras formas de violencia sexual.

Atención médica

INTRODUCCIÓN

La violencia sexual es un problema de salud pública. Pero cuando las personas sobrevivientes de violencia sexual buscan atención médica inmediatamente después de una agresión sexual, la atención médica que se da por lo general se centra en la recopilación de pruebas, una respuesta legal en lugar de una respuesta de atención médica. Incluso cuando se presta atención a las necesidades médicas inmediatas de las personas sobrevivientes, el entorno de atención médica por lo general no atiende su salud mental, física y emocional a largo plazo. Asimismo, para muchas personas sobrevivientes, el precio de la atención que necesitan está fuera de su alcance. Los ataques al acceso a la cobertura de atención médica y a la atención integral de la salud reproductiva, como la interrupción del embarazo y las barreras a la atención de la afirmación LGBTQIA, también afectan a las personas sobrevivientes de hechos de violencia sexual y dañan de manera desproporcionada a las personas sobrevivientes de color. Asimismo, el sistema de atención médica puede ser un lugar de acoso sexual, incluida la violencia sexual.

Independientemente de su sexo, raza, clase, casta, orientación sexual, identidad de género, estado migratorio o si tienen una discapacidad, todas las personas sobrevivientes de violencia sexual deben recibir atención médica con perspectiva de trauma, culturalmente competente, lingüísticamente adecuada y que afirme su identidad, que trate su trauma inmediato y los impactos físicos y mentales a largo plazo de la violencia sexual. La inseguridad económica no debería ser una barrera para recibir esa atención. Esta atención debe priorizar las necesidades de las personas sobrevivientes y responder a sus propios objetivos, en lugar de priorizar automáticamente las necesidades del sistema judicial penal. Para las sobrevivientes que pueden quedar embarazadas, esto incluye garantizar que tengan a su disposición la anticoncepción de emergencia y el aborto en forma asequible y sin estigmatizarlas.

PROPONEMOS

1. Un seguro médico universal y de calidad que garantice una cobertura integral para las consecuencias de la violencia sexual a corto y largo plazo y que incluya la atención de la salud reproductiva (incluidos la anticoncepción y la interrupción del embarazo) y la atención de la salud mental, sin costo alguno.
2. Que todas las pólizas de seguro médico cubran completamente los servicios de salud mental sin copago, con inclusión de diferentes terapias con perspectiva de trauma, servicios comunitarios de sanación, tratamientos por abuso de sustancias, servicios de reducción de daños y servicios y profesionales con perspectiva cultural y de afirmación de la identidad.
3. Garantizar que los proveedores de atención médica reciban capacitación sobre la atención con perspectiva de trauma y que hagan pruebas de detección de hechos de violencia sexual de manera periódica, que las facultades de medicina y las asociaciones nacionales brinden capacitación especializada de atención médica que atienda las necesidades de las personas sobrevivientes de hechos de agresión sexual (incluidas las necesidades de las personas sobrevivientes de color, las personas sobrevivientes inmigrantes, las personas sobrevivientes cuyo idioma preferido no es el inglés y las personas sobrevivientes LGBTQIA+) y que los proveedores que reciban capacitación representen a una amplia variedad de comunidades.
4. Más disponibilidad de atención médica para las personas sobrevivientes, por ejemplo, a través de inversiones federales encaminadas a aumentar el número de proveedores especializados (por ejemplo, examinadores de enfermería en materia de agresión sexual) en zonas marginadas; más financiamiento para los centros de atención médica vecinales a fin de ampliar los servicios que se centran en las personas sobrevivientes y que tienen perspectiva de trauma; y más atención médica móvil.
5. Aplicación sólida de las protecciones contra la violencia sexual y otras formas de acoso sexual por parte de los proveedores de atención médica, por ejemplo, mediante la educación pública sobre esas protecciones.

POLÍTICAS QUE NOS AYUDAN A AVANZAR

• Expansión de la cobertura médica, incluida la cobertura de Medicaid y Medicare, y evaluación de la posibilidad de un programa de seguro médico nacional que se financie con fondos públicos y que cubra a todos y todas y que incluya una cobertura completa de los servicios que las personas sobrevivientes necesitan para desarrollarse.
• Ampliar el acceso al servicio de interrupción del embarazo mediante la Ley CADA Mujer, que aboliría la Enmienda de Hyde y garantizaría la cobertura de la interrupción del embarazo por Medicaid y otros programas federales de seguro de salud. Eliminar las restricciones estatales relativas al servicio de interrupción del embarazo mediante la promulgación de la Ley de Protección de la Salud de las Mujeres.
• Promulgar la Ley de Acceso al Control de la Natalidad para garantizar la existencia y acceso a los métodos anticonceptivos en las farmacias.
• Ofrecer y poner a disposición de todas las personas sobrevivientes, incluidas las personas jóvenes, un curso completo gratuito de medicamentos profilácticos posteriores a la exposición al VIH (sin necesidad del consentimiento de padres, madres ni tutores) y cuidados de seguimiento.
• Promulgar la Ley de Dignidad para las Mujeres en Prisión a fin de proteger y restablecer la dignidad de las personas sobrevivientes que están en instalaciones correccionales federales, estatales y locales.

Vivienda y transporte

INTRODUCCIÓN

Nuestros sistemas de transporte y vivienda actuales son insuficientes para las necesidades de las personas sobrevivientes. Las viviendas de transición y permanentes con frecuencia son inasequibles y no cumplen los criterios que permiten que las personas sobrevivientes se sientan seguras y protegidas. El transporte público deja a muchos vecindarios desatendidos o es inasequible para muchas personas sobrevivientes. Los programas financiados por el Estado reciben muy pocos fondos y tienen criterios de inclusión demasiado estrictos, lo que hace que las personas vulnerables corran más riesgo.

Todas las personas sobrevivientes merecen acceder a vivienda y transporte accesibles, seguros, confiables y que puedan asegurar su dignidad y discreción. Esto se aplica de manera especial a las personas sobrevivientes negras y de color, las personas sobrevivientes de bajos ingresos, las personas sobrevivientes de la comunidad LGBTQIA+, las personas sobrevivientes indocumentadas y las personas sobrevivientes con discapacidades. La vivienda y el transporte deberían ser bienes públicos que cuenten con los fondos necesarios, diseñados para aquellas personas que necesitan servicios y refugio urgentes e inmediatos, y para aquellas que tienen un pasado marcado por la violencia y buscan terapias de sanación y apoyo constante. Esto incluye acceso generalizado a viviendas que ofrezcan servicios con perspectiva de trauma (personas capacitadas sobre las necesidades emocionales y físicas concretas de las personas sobrevivientes). Los servicios de vivienda y transporte deben estar dirigidos, particularmente, a las personas sobrevivientes de las comunidades marginadas.

PROPONEMOS

1. Más inversión de la comunidad en viviendas más seguras y asequibles para las personas sobrevivientes a fin de reducir el tiempo que una persona necesita permanecer en refugios de emergencia y de transición.
2. Programas que incluyan el cuidado de niños y niñas, el transporte y la interpretación de idiomas como parte de los servicios de vivienda (especialmente en zonas rurales o marginadas).
3. Recursos como apoyo para la salud mental, servicios sociales y apoyo para crisis que sean gratuitos y se faciliten en línea o estén virtualmente accesibles para las personas sobrevivientes.
4. Vivienda y transporte asequibles y libres de discriminación por el estado migratorio, los antecedentes penales, la ocupación o las adaptaciones de accesibilidad.
5. Derechos de los inquilinos que se estructuren para proteger a las personas sobrevivientes contra el mal uso o abuso por parte de los propietarios, los desalojos indebidos o los desalojos por parte de los propietarios por la presunta probabilidad de que una personas sobreviviente se involucre en un hecho de violencia futura.
6. Transporte público confiable, asequible y compatible con la ley ADA y servicios de transporte a demanda que mantengan la seguridad, la discreción y la privacidad en todo momento.

POLÍTICAS QUE NOS AYUDAN A AVANZAR

1. Evaluación de la posibilidad de transferencias de efectivo directas sin condiciones para ayudar a las personas sobrevivientes a mantenerse y mantener a sus familias mientras avanzan hacia la seguridad económica.
2. Respaldar la Ley de Alivio de Alquileres, que crea un nuevo crédito fiscal reembolsable para los hogares cuyos costos de vivienda excedan el 30% de sus ingresos, con inclusión del alquiler y los servicios públicos, lo que ayuda a las familias a mantenerse al día frente al aumento del costo del alquiler.
3. Aumento en las partidas para la Ley de Prevención y Servicios ante la Violencia Familiar, el principal flujo de fondos federales dedicado al apoyo de refugios y servicios de emergencia para sobrevivientes de hechos de violencia doméstica.
4. Reautorización de la Ley de Violencia contra la Mujer a fin de fortalecer los recursos legales para que las personas sobrevivientes permanezcan en una vivienda segura o huyan a una vivienda permanente, con inclusión de la inversión en el Programa de Viviendas de Transición para proporcionar viviendas de transición, asistencia para la vivienda a corto plazo y servicios de apoyo conexos a las personas sobrevivientes, sus hijos y otras personas a cargo.
5. Más inversión en el Programa de Atención Continua del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) para apoyar a las personas sin hogar, incluido el financiamiento para reubicar rápidamente a las personas y familias sin hogar mientras se minimiza el trauma, e inversión en la autosuficiencia de las personas sin hogar.
6. Más inversión en el Programa de Subvenciones para Soluciones de Emergencia del HUD para ayudar a las personas a que recuperen rápidamente la estabilidad en una vivienda permanente después de experimentar una crisis de vivienda y/o la falta de vivienda.
7. Expansión de los programas del HUD para que incluyan 1) acceso a viviendas seguras para sobrevivientes en función de una necesidad de seguridad psicológica y emocional o con fines de recuperación y 2) abordaje del acoso y abuso sexuales por parte de propietarios y administradores de viviendas.

Seguridad en el lugar de trabajo y derechos de los trabajadores y las trabajadoras

INTRODUCCIÓN

La violencia sexual en el lugar de trabajo es un problema creciente para las mujeres y otras personas empleadas en todas las industrias y sectores. Las mujeres de color e inmigrantes, especialmente las trabajadoras de bajo salario y las mujeres que trabajan en industrias dominadas por los hombres, están entre quienes con frecuencia son víctimas de sus jefes, compañeros de trabajo, clientes y otras personas que ejercen poder sobre ellas. Muchas trabajadoras están en una posición en que tienen que soportar acoso o abuso sexual para poder ganarse la vida. Las políticas y prácticas en el lugar de trabajo a menudo favorecen a quienes tienen poder en su cargo y en la sociedad y no a quienes se espera que bajen la cabeza y hagan el trabajo sin ningún cuestionamiento.

Algunas mujeres trabajadoras están en una posición más vulnerable de sufrir acoso sexual, como el personal de casas particulares, de restaurantes y otras empleadas que trabajan por propinas y las trabajadoras de la limpieza y del sector agrícola: todas estas funciones suelen ser desempeñadas por mujeres de color, inmigrantes y empleadas de bajo salario. Este acoso con frecuencia se ve agravado por el aislamiento, la pobreza, el estado migratorio, la falta de familiaridad con la ley y los procesos legales, la exclusión de la legislación laboral, las redes limitadas de apoyo, el trabajo contratado, las barreras del idioma y el temor a represalias, incluida la deportación. Y, debido a que no pueden unirse legalmente a un sindicato ni negociar colectivamente, las trabajadoras de casas particulares y las trabajadoras agrícolas no pueden obtener acceso a las protecciones contra el acoso sexual que a veces un sindicato puede proporcionar, si el sindicato se compromete a hacerlo.

Solucionar este problema, en todas las industrias, ha demostrado ser un desafío por una variedad de razones, incluido el hecho de que las personas sobrevivientes a menudo quedan fuera de la toma de decisiones sobre su seguridad en el trabajo y que no se les invita a dar sus perspectivas, prioridades o soluciones.

Todas las personas tenemos derecho a trabajar dignamente, sin sentirnos amenazados por la violencia sexual, incluido el acoso sexual. Las personas sobrevivientes deben estar a la cabeza del cambio y deben ser el núcleo de este movimiento; los trabajadores y las trabajadoras tienen que poder ser fuertes como colectivo y defender lo que es mejor para ellos y sus seres queridos. Las soluciones para la discriminación en el lugar de trabajo, lo que también incluye el acoso sexual, deben centrarse en prevenir un daño antes de que este se produzca, en lugar de hacer frente al problema una vez que ocurrió.

PROPONEMOS

1. Reformas estructurales en el lugar de trabajo que generen poder en el trabajo para las mujeres, especialmente las mujeres de color, incluidas las licencias remuneradas, el acceso a cuidado infantil asequible y de calidad, horarios de trabajo justos y salarios justos y adecuados. Esto también incluye protecciones para trabajadoras de casas particulares, trabajadoras agrícolas, trabajadoras que reciben propinas, trabajadoras esporádicas, trabajadoras jóvenes, privadas de su libertad y otras.
2. Más recursos y vías para la organización de los trabajadores y las trabajadoras y la acción colectiva en todas las industrias.
3. Legisladores y organismos de aplicación deben tener por eje y trabajar directamente con las personas sobrevivientes y los trabajadores y las trabajadoras a la hora de crear soluciones de políticas públicas y hacer cumplir las protecciones de los trabajadores y las trabajadoras.
4. Eliminar las barreras para acceder a la justicia para las personas sobrevivientes de hechos de acoso en el lugar de trabajo, incluida la extensión del plazo de prescripción para las denuncias por discriminación y acoso en el lugar de trabajo al menos a tres años.
5. Medidas de prevención sólidas contra el acoso y la discriminación en todos los lugares de trabajo, por ejemplo, la capacitación para la intervención de compañeros de trabajo y espectadores, encuestas anuales sobre el ambiente y comités de trabajadores independientes para diagnosticar problemas en el lugar de trabajo e impulsar soluciones.
6. La expansión de todas las protecciones laborales y de empleo vigentes a todos los trabajadores y las trabajadoras, incluidos los contratistas independientes, trabajadores/as temporales, trabajadoras de casas particulares, trabajadores/as agrícolas, trabajadores/as de plataformas digitales, trabajadores/as temporeros y trabajadores/as indocumentados.
7. Mayor transparencia para hacer rendir cuentas a los empleadores y evitar que los empleadores escondan el acoso. Prohibir que los empleadores obliguen a las personas a firmar acuerdos de confidencialidad o que utilicen el arbitraje obligatorio para evitar que los trabajadores y las trabajadoras denuncien la discriminación, incluido el acoso. Exigir que los empleadores realicen evaluaciones anuales del ambiente e informen las conclusiones a la Junta, al personal y/o que las incluyan en sus presentaciones societarias; que las informen al público para que consumidores e inversores puedan tomar decisiones fundadas; y que informen públicamente las denuncias de acoso.
8. Sistemas más confiables, accesibles y con perspectiva de trauma para denunciar el acoso y la discriminación, incluida la posibilidad de presentar denuncias ante terceros, y mejores protecciones contra las reacciones violentas y las represalias contra los trabajadores y las trabajadoras que presenten denuncias. Garantizar que las personas indocumentadas que denuncien estos actos no sufran amenazas ni estén sujetas a detención, deportación u otras consecuencias legales por presentar una denuncia.
9. Los empleadores deben pagar el salario mínimo completo antes de las propinas para los trabajadores y las trabajadoras que reciben propinas para que ya no tengan que soportar comportamientos inaceptables e inapropiados para poder ganarse la vida. Exigir también a los empleadores que den a los trabajadores y las trabajadoras que reciben propinas días pagos por enfermedad, licencia familiar paga y otros beneficios basados en el salario completo para garantizar que los trabajadores y las trabajadoras puedan cuidarse y cuidar a sus seres queridos cuando sea necesario.

POLÍTICAS QUE NOS AYUDAN A AVANZAR

• Promulgar la Ley para SER ESCUCHADO en el Lugar de Trabajo a fin de prevenir la discriminación en el empleo y el acoso en el lugar de trabajo, garantizando la protección de las leyes contra la discriminación para todos y todas los trabajadores y trabajadoras, cerrando los vacíos legales que han llevado a los tribunales a desestimar denuncias de acoso, extendiendo el tiempo para presentar una denuncia, ampliando los recursos disponibles en la justicia y más. También requeriría que los empleadores paguen a los trabajadores y las trabajadoras que reciben propinas el salario mínimo completo antes de las propinas.
• Promulgar la Ley de EMPODERAMIENTO, que limitaría la capacidad de los empleadores para imponer acuerdos de confidencialidad y prohibición de críticas a fin de encubrir el acoso, solicitaría a las empresas que cotizan en bolsa que realicen nuevas divulgaciones públicas sobre los juicios y acuerdos por acoso, proporcionaría una nueva vía para que los empleados y las empleadas denuncien el acoso de forma confidencial y reforzaría los programas de capacitación contra el acoso.
• Promulgar la Ley de Declaración de Derechos del Personal de Casas Particulares, el primer proyecto de ley nacional que proporciona protecciones concretas en el lugar de trabajo para todo el sector de los cuidados. Esta ley soluciona las exclusiones del pasado y establece soluciones innovadoras para problemas de larga data del sector.
• Reducir la vulnerabilidad al acoso mediante el aumento de salarios, incluida la promulgación de la Ley de Aumento de Salarios, que aumentaría el salario mínimo federal de $7,25 a $15 la hora y garantizaría que los trabajadores y las trabajadoras que reciben propinas, los trabajadores y las trabajadoras con discapacidades y los trabajadores y las trabajadoras jóvenes tengan derecho al mismo salario mínimo que todos los demás, y la Ley de Justicia en el Pago, que daría protecciones contra la discriminación en cuanto al pago.
• Aumentar el poder de los trabajadores y las trabajadoras para organizarse y poner coto al acoso de forma colectiva mediante la promulgación de la Ley PRO.
• Reducir la desigualdad de género en el lugar de trabajo que alimenta el acoso sexual mediante la promulgación de la Ley de la FAMILIA y la Ley de Familias Saludables a fin de proporcionar acceso a una licencia familiar y médica paga y días pagos por enfermedad para todos y todas, con inclusión de acceso a asueto remunerado para la atención médica y de salud mental, procedimientos legales y otros servicios necesarios para que las personas sobrevivientes den respuesta al problema de la violencia sexual; la Ley de Justicia para Trabajadoras Embarazadas para solicitar que los empleadores proporcionen adaptaciones razonables a las empleadas que las necesitan debido al embarazo, al nacimiento de un hijo o hija o una afección médica conexa; la Ley de Horarios que Funcionan para ofrecer a los trabajadores y las trabajadoras horarios laborales más estables y predecibles y que puedan participar en su decisión; y la Ley de Cuidado Infantil para Familias que Trabajan y la Ley de Cuidado Infantil y Aprendizaje Temprano Universal para garantizar que todas las familias tengan acceso a oportunidades de cuidado infantil y aprendizaje temprano de alta calidad y accesibles.